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Córdoba: un presupuesto funcional a los grandes empresarios

Hoy, miércoles, la Legislatura de Córdoba tratará, por segunda vez, el proyecto de Presupuesto 2015 de la provincia.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Miércoles 10 de diciembre de 2014 | Edición del día

Las audiencias abiertas que se realizaron la semana pasada estuvieron plagadas de reclamos de distintos sectores corporativos. Desde la cámara que agrupa a las PYMES hasta un representante de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina pasaron por la audiencia para, en la enorme mayoría de los casos, rechazar el proyecto. Analizamos en esta nota[i] algunas cuestiones de este presupuesto. Cuestiones que llevarán a su rechazo por parte de la banca del Frente de Izquierda.

Un proyecto continuista

El proyecto garantiza la continuidad de grandes beneficios para los grandes empresarios de la ciudad y el campo. Al mismo tiempo, mantiene un presupuesto limitado para la salud y la educación además de garantizar el trabajo precario en la provincia.

El Proyecto de presupuesto parte de la base de un esquema tributario completamente regresivo. Como se consigna en la presentación del presupuesto los ingresos impositivos propios están recostados sobre el Impuesto a los ingresos brutos que aporta el 80,36% del total. Un tributo completamente regresivo en tanto se aplica de manera homogénea y termina recayendo sobre los consumidores.

Dentro del esquema general, el Impuesto inmobiliario, que afecta la propiedad, sólo aportará el 6,55% del total. Como lo denuncian organizaciones sociales, economistas y el conjunto de la oposición, los valores sobre los que se calcula el inmobiliario rural se hallan completamente desactualizados. La demostración de que se trata de un proyecto en función de los intereses de estos sectores lo muestra el hecho de que el gobierno presenta el aumento en ese rubro (32%) como un acuerdo con los sectores empresarios. Es decir, los intereses de las patronales del campo no serán afectados como sí lo serán los de millones que deben pagar el inmobiliario urbano, que aumentará en un 37%. De conjunto el proyecto consagra una estructura tributaria completamente regresiva.

Grandes ganancias, grandes beneficios

La política tributaria provincial beneficia además a las grandes multinacionales, entre ellas a las automotrices. La provincia deja de percibir por desgravaciones de ingresos brutos, regímenes de promoción y otros ítems la suma de $1.053.645.523, una cifra que podría destinarse por ejemplo a aumentar 16% el presupuesto de salud.

En este rubro hay que anotar los beneficios por exención en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el inmobiliario a las grandes patronales como Fiat, VW o Renault. Esos regímenes especiales están consagrados en acuerdos específicos con esas empresas. Así, en Córdoba el pueblo trabajador es el que, con sus impuestos, sostiene la rentabilidad de los grandes empresarios de la ciudad y el campo. Una demostración más de para quienes gobierna el PJ

El gasto viene en color azul

Analizar el esquema de gastos excede el límite de esta nota. Consignemos algunos de los principales ítems, que dan cuenta de la orientación general del gobierno de De la Sota.

La partida destinadas Seguridad interior será de $6.525.520.000, superando las correspondientes a Salud (6.187.830.000), Promoción y asistencia social ($1.257.576.000), Enseñanza media y técnica ($6.215.373.000), Inicial y primaria ($4.676.575.000) entre otras. La única partida que supera el gasto en Seguridad interior es la de Administración de la educación ($9.369.318.000).

Este énfasis en la seguridad va de la mano con la incorporación de más de 1600 agentes policiales y del Servicio penitenciario. Esto sucede al mismo tiempo que no se consigna ningún aumento de personal en el sector de Salud y que los que se señalan para el área de Educación suenan irrisorios en relación a los objetivos planteados. De llevarse a cabo los mismos, solo puede conducir a un mayor precarización laboral del empelo docente.

Como queda claro, el eje de la política de gestión del gobierno está dado por mantener los limitados presupuestos de salud, educación, vivienda y fortalecer a las mismas fuerzas policiales que, en lo que va del 2014, asesinaron a 9 jóvenes por gatillo fácil. Las mismas fuerzas represivas dirigidas con prepotencia por Julio César Suárez, quien está imputado por amenazas y coacción contra un periodista. El proyecto de presupuesto 2015 se puede resumir en ajuste tributario sobre el pueblo trabajador, beneficios para las grandes patronales y más policía para garantizar la llamada “paz social”.







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